El 26 de febrero del ejercicio en curso el pleno del Congreso de los Diputados aprobó de manera casi unánime la renovación y actualización del Pacto de Estado contra la violencia de género, que subscriben las administraciones competentes, responsables e implicadas en las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género 2025.
El acuerdo amplía las medidas que incluía en 2017 (de 290 pasa a 461), e introduce nuevos ejes como son la violencia vicaria, la violencia económica y la digital. Además, se profundiza en otras formas de violencia contra las mujeres ya contempladas en el pacto anterior, como la violencia sexual o la trata con fines de explotación sexual. Y se presta especial atención a las mujeres rurales y a las mujeres con discapacidad.