La vicesecretaria de la Junta del Gobierno del COPIB y vocal de Psicología de Igualdad y Género, Ana María Madrid, asistió el pasado jueves 19 de enero a la reunión de la Mesa Social del Juego, convocada por el Govern de les Illes Balears ante el inicio de la tramitación por procedimiento de urgencia de la nueva Ley del Juego en la comunidad autónoma. El objetivo de la reunión era informar a los miembros de la mesa de las últimas novedades respecto a la planificación del juego en la comunidad y también agradecer el trabajo y colaboración de las diferentes entidades, “por haber puesto a disposición del Ejecutivo autonómico sus diferentes perspectivas de los juegos de azar como una cuestión de salud pública, una cuestión social y una cuestión de convivencia vecinal”.
El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, el secretario autonómico de Sectores Productivos y Memoria Democrática, Jesús Jurado, y el director general de Comercio, Miquel Piñol, presidieron el encuentro, que contó también con la asistencia de la defensora de la ciudadanía de Palma y con representantes de Cort, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, del Instituto Europeo de Estudios en Prevención (IREFREA), del Plan de Adicciones y Drogodependencias de las Illes Balears, y de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Durante la reunión, Jesús Jurado recordó que el espíritu de la nueva Ley del Juego se sustenta en la apuesta del Govern «por las políticas de prevención de las adicciones, de protección de nuestros menores y colectivos más vulnerables”. Para ello, la nueva normativa incluye como medidas más destacadas la suspensión de la concesión de nuevas autorizaciones para la apertura de cualquier establecimiento de juego (casinos, bingos, salas de juego o locales específicos de apuestas) hasta que la ratio de establecimientos de juego presencial por cada millón de habitantes, que actualmente es de 108, se reduzca hasta igualarse con la media estatal —una media que la Revista Española de Salud Pública del Ministerio de Sanidad cifraba en 2020 en 68 por millón de habitantes; es decir, 40 puntos por debajo de la media balear.
La nueva Ley también recoge las principales reclamaciones de los colectivos sociales afectados por la adicción al juego y de los implicados a combatirla. En este sentido, amplía hasta los 500 metros las distancias entre las salas de juego y apuestas y unos ciertos centros o espacios dedicados a la educación y al recreo de las personas menores de edad o vulnerables; establece un control electrónico de edad para el uso de máquinas recreativas de tipo B en bares y restaurantes; y prohíbe la publicidad y los actos de promoción de la actividad del juego y las apuestas en todo el territorio de las Illes Balears, entre otras medidas.
El director general de Comercio, Miquel Piñol, informó a las personas asistentes sobre la intención del Govern de reunirse con los sindicatos en las próximas semanas para elaborar conjuntamente un plan de recolocación de las personas trabajadoras que se puedan ver afectadas por algunas de las medidas de la nueva Ley, tal como se ha hecho hasta ahora con todas las personas afectadas por las diferentes medidas adoptadas hasta hoy.
