La vocal de Igualdad y Género y vicesecretaria de la Junta de Gobierno del COPIB, Ana María Madrid, participó el pasado martes 1 de septiembre en la reunión convocada por el Institut Balear de la Dona, a petición del Grupo de Estudios de la Prostitución de las Illes Balears (GEPIB), del que es miembro el Colegio, para tratar cuestiones relativas al Decreto aprobado por el Govern de les Illes Balears que regula el cierre de prostíbulos en la comunidad autónoma, como medida preventiva contra el SARS-CoV2. Las asociaciones y entidades integrantes del GEPIB que trabajan de forma directa con las personas que ejercen la prostitución en Baleares se mostraron muy críticos con el Ejecutivo autonómico, porque la norma no contempla algunos de los principales problemas de las mujeres que se encuentran en esta situación y lamentaron que se haya aprobado con tanta premura, sin consenso y sin prever medidas alternativas laborales, económicas y de vivienda de las mujeres que están en esta situación.
Junto a la representante del COPIB, en la reunión celebrada a través de la plataforma Zoom participaron responsables del IBDona, Delegación de Gobierno, Conselleria d’Afers Socials, Ajuntament de Palma, Ajuntament de Calvià, Creu Roja, Casal Petit, ISPB, Metges del Món y UIB (GIFES).
Tras revisar con detalle el procedimiento que regula el cierre de los clubs (notificación y actuación de la FCS en el caso de omitir la orden) debatir sobre los problemas que plantea el marco legislativo (la norma no especifica qué sucede con los pisos en los que se ejerce la prostitución y no tienen licencia de actividad), las personas representantes de las entidades solicitaron al IBD que el cierre de prostíbulos se acompañe de medidas de ayuda a las mujeres en situación de prostitución (alternativas habitacionales, medidas económicas para poder cubrir sus necesidades básicas) y remarcaron la importancia de que estas medidas no sean de carácter extraordinario y temporal, sino a largo plazo, para que estas mujeres en situación de prostitución no caigan en situación de desamparo.
Desde el IBD se admitió la importancia de activar medidas complementarias y se comprometió a solicitar ayudas al Ministerio de Igualdad ante la imposibilidad de incrementar su partida presupuestaria. Asimismo, informó que para los temas habitaciones se están coordinando con los Consells Insulars, que tienen las competencias sobre casas de acogida, así como con la Conselleria d’Afers Socials, para activar medidas económicas.
En este punto, los responsables d’Afers Socials solicitaron a las entidades un informe de datos básicos para prever un número aproximado de población que podría verse afectada por la situación, así como información relativa a su situación familiar con el fin de justificar la petición de partida presupuestaria. Las entidades se comprometieron a entregar todos los estudios de diagnóstico que tienen e incidieron en la importancia de no criminalizar a las mujeres que ejercen la prostitución y que las normativas de acceso a las ayudas no dejen de lado a las mujeres que no tienen documentación.
El encuentro finalizó con el compromiso de todas las partes de celebrar una nueva reunión para que las entidades aporten medidas específicas de ayuda y apoyo que podrían activarse con el amparo de las instituciones públicas.
