Once organizaciones de carácter estatal, incluidos el COP, CEAPA, CONCAPA, CANAE, Sindicato de Estudiantes, FSIE, STEs-i, feUSO, FEDADi, ASITES y ANIR, ya han suscrito el manifiesto Medidas para mejorar el bienestar de la comunidad educativa en una escuela inclusiva, que desde el pasado 9 de junio se promociona con la web https://bienestareducativo.org/ .
Con este manifiesto por el #BienestarComunidadEducativa, las organizaciones firmantes lideran un proceso de divulgación y actuaciones conjuntas dirigidas a que los poderes públicos adopten las medidas que se reivindican, para cuidar del bienestar de la comunidad educativa y promover la incorporación de nuestra profesión a los centros escolares, en su especialidad de Psicología Educativa.
Los/as colegiados/as que deseen colaborar para lograr que la Psicología pueda aportar todo su potencial en el campo educativo, mejorando la vida y bienestar del estudiantado, sus familias y el profesorado, pueden respaldar el documento a título personal firmando la petición en Change.org.
Además de firmar el manifiesto, puedes difundirlo en tus cuentas personales de redes sociales junto con la etiqueta #BienestarComunidadEducativa invitando a todos/as tus conocidos/as a que lo suscriban también. Tienes recursos y propuestas sobre el tema en este documento.
En los últimos años, representantes de familias y de alumnado, profesorado, profesionales de la Psicología y expertos de otras disciplinas venimos detectando numerosas necesidades y problemáticas que se producen en los contextos educativos, que requieren de una atención especial para mejorar el bienestar de toda la comunidad educativa: abandono y fracaso escolar, como consecuencia, en la mayoría de los casos, de problemas psicológicos no abordados en el momento oportuno; trastornos emocionales, acoso escolar, ciberbullying, prevención de violencia de género, violencia filioparental, autolesiones, prevención del suicidio, adicciones a nuevas tecnologías, prevención de consumo de drogas, burnout del profesorado.
Como vienen constatando diversos estudios e informes, la crisis provocada por la COVID-19 ha incrementado de manera preocupante este tipo de necesidades y problemáticas. El CIS, en su encuesta sobre salud mental durante la pandemia, constata que el 52,2% de los hijos convivientes y el 20,6% de los nietos convivientes habían cambiado la marea de comportarse, y de estos menores, afirman que el 76,4% se muestran más irritables, el 44,8% se muestran tristes con facilidad, el 36,1% lloran fácilmente, el 60% se muestran más nerviosos o con ansiedad y el 26,4% se quejan de malestar físico y/o dolores poco precisos (cabeza, tripa, cansancio, vómitos).
Otra prueba de la preocupante situación es que la Fundación ANAR, en las peticiones de ayuda que atiende respecto a menores, ha constatado en 2021 un aumento significativo de los trastornos de alimentación (+154,7%), el duelo (+138,9%), las adicciones (+41%), los síntomas depresivos y tristeza (+31,5%), la baja autoestima (+27,9%) y la ansiedad (+25,6%).
Ante esta situación, los poderes públicos están dando respuestas muy insuficientes para aportar soluciones, por lo que distintas organizaciones se han unido para hacer un llamamiento a toda la sociedad y reclamar juntos ¡por fin! que se pasen de los discursos a los hechos, adoptando medidas realmente eficaces.
Si de verdad se quiere cuidar el bienestar de la comunidad educativa y su salud mental, las administraciones públicas competentes deben adoptar medidas dirigidas a favorecer unas condiciones más saludables en los centros educativos, entre las que destacamos:
- No saturar los centros educativos con excesos de grupos de alumnado, respetando el número de líneas para el que está diseñado cada centro educativo.
- Cubrir eficaz y rápidamente las bajas laborales de los docentes.
- Reducir las ratios de alumnado por docente, incrementando el número de profesorado contratado.
- Reducir la temporalidad del personal, de tal manera que se garantice la estabilidad laboral y la consolidación de equipos docentes en los centros educativos.
- Reforzar la orientación educativa y profesional al alumnado vulnerable.
- Dimensionar proporcionalmente los contenidos de los programas de las asignaturas a las posibilidades temporales de impartición y aprendizaje del alumnado, de tal manera que se evite programar más contenidos de los que realmente se pueden asimilar.
El cuidado del bienestar del profesorado, alumnado y sus familias requiere además reforzar las acciones dirigidas a tal fin en los centros educativos, contando con personal específicamente cualificado para esta misión, por lo que también se reclama que:
- Las administraciones educativas apoyen de manera decidida el desarrollo del Estudio PsiCE (Psicología en Contextos Educativos), dirigido a prevenir los problemas emocionales en contextos educativos a la vez que se mejora el ajuste emocional y social, así como los procesos de aprendizaje del alumnado.
- Se desarrollen en los centros educativos programas de evaluación e intervención basados en la evidencia, como el que se va a aplicar en el Estudio PsiCE, dirigidos a mejorar el bienestar de la comunidad educativa.
- Estas acciones de evaluación e intervención sobre problemas psicológicos tienen que estar planificadas y dirigidas por personal experto en Psicología Educativa. La incorporación de este profesional a los centros educativos puede regularse de diversas maneras, con la finalidad de mejorar el bienestar de la comunidad educativa, la educación emocional y la atención a la diversidad.
- Las administraciones educativas competentes deben incorporar progresivamente a personal experto en Psicología a las plantillas de los centros educativos, donde sus programaciones deben reservar tiempos y espacios adecuados para el desarrollo de esos programas de evaluación e intervención, dirigidos a mejorar las competencias emocionales y el bienestar del profesorado, alumnado y familias.
