La Comisión de Vivienda del Área de Servicios sociales, educación, participación ciudadana, juventud interculturalidad e igualdad del Ayuntamiento de Palma se reunió por primera vez el pasado miércoles 14 de mayo, en el Centro Flassaders. La reunión fue dirigida y coordinada por Mateu Crespí y Jaume Payeres, y contó con la asistencia de representantes de diferentes entidades representatives del ámbito social de la isla. Entre otras, participaron Intrés, Cruz Roja, Médicos del Mundo y Colegio de Trabajadores Sociales. En representación del COPIB asistió Joan Antoni Sancho, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio.
Al inicio de la reunión, se entregó a las personas asistentes un documento sobre intervención con adultos y familias con problemática de vivienda, en el que se detalla la normativa aplicable, objetivos, recursos existentes y también propuestas de futuro.
Los representantes municipales explicaron que, aunque esta comisión no tiene competencias en vivienda, sí atiende a personas en situación e vulnerabilidad y destacaron dos aspectos clave:
- Servicios de acogida para procesos de inserción o servicios de corta duración.
- Catálogo de prestaciones, que incluye los requisitos necesarios para obtener una ayuda.
Entre los próximos objetivos, se mencionó la necesidad de aumentar la partida económica y el número de plazas disponibles, aunque actualmente no hay disponibilidad para concertar nuevas plazas a pesar de los fondos existentes.
También se hizo referencia al programa intergeneracional, que fomenta la convivencia entre personas mayores y jóvenes, así como a la intención de habilitar plazas en pensiones para emergencias, aunque este momento no hay opciones disponibles.
Las personas asistentes coincidieron en señalar que la situación actual es crítica, con una grave escasez de viviendas, habitaciones y pensiones a precios asequibles. Aunque las administraciones cuentan con presupuesto, el problema radica en la falta de oferta accesible.
Por último, se planteó la necesidad de impulsar una Comisión de coordinación entre administraciones que tienen competencias en la materia (Govern de les Illes Balears, IMAS) y las entidades sociales, con el fin de buscar soluciones conjuntas a esta problemática.
